DEFENDER
LA ESCUELA PÚBLICA PARA UNA EDUCACIÓN EN LIBERTAD
Artículo
de opinión de la Plataforma por la Educación Pública de Ávila.
Ya
es bien conocida la frase de Nelson Mandela que dice que “La
educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el
mundo” y que a los que defendemos la
Escuela Pública de todos y para todos
nos gusta tanto citar. Porque es verdad, porque la EDUCACIÓN, así,
con mayúsculas, es la herramienta más eficaz para luchar contra la
mayoría de los males de una sociedad como la nuestra, que asiente
perpleja a episodios como los de “La Manada”, al incremento de
las actitudes racistas de algunos países hacia los migrantes en el
Mediterráneo, la creciente manipulación mediática y el recorte de
derechos tan básicos como la libertad de expresión.
Y
eso es así porque la Educación es mucho más que la regulación de
los contenidos y los conocimientos que nuestros niños y jóvenes
deben adquirir para superar unos requisitos legales previamente
establecidos, y va más allá de lo que antiguamente se llamaba
“Instrucción Pública”, que no era más que la estandarización
de los saberes que la sociedad reclamaba para perpetuar sus
estructuras sociales y económicas en cada momento de la historia.
Las sociedades más avanzadas, las que a todos nos vienen a la mente
como ejemplos de convivencia en igualdad, de progreso social y
económico y de respeto a los derechos sociales y al medio ambiente,
están basadas en sistemas educativos públicos fuertes (98% en
Finlandia o 95% en Alemania por un 68% en España, según datos de
Eurostat, 2015), donde los niños y niñas, además de contenidos
teóricos, forjan su propia identidad basándose en las experiencias
que les trasmite un profesorado bien considerado social y
laboralmente, en unas escuelas bien dotadas de medios materiales y
personales, y dentro de unas comunidades que valoran y respetan la
educación como uno de sus principales activos sociales.
En
nuestro país, con los primeros gobiernos democráticos se inició
ese cambio de la instrucción pública de la dictadura franquista,
basado en el adoctrinamiento político y el dogma católico, con
segregación de sexos, enseñanza obligatoria de la religión en
todas las escuelas y derecho de la Iglesia a la inspección de la
enseñanza en todos los centros docentes, siendo el estado
completamente subsidiario de la Iglesia en esta materia. Por fin, y
tras los incipientes avances de la Ley General de Educación de 1970,
en 1985 se promulga la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la
Educación (LODE) desarrollando en ese sentido el artículo 27 de la
Constitución Española, que reconoce, en su punto 2, que “La
Educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y
a los derechos y libertades fundamentales” y en su punto 4 que “La
enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.
En
ese momento, con ese mandato constitucional y en esa ley recién
estrenada, se aprueba la existencia de una doble red de puestos
escolares, públicos y privados, estableciéndose además un régimen
de conciertos al que se pueden acoger centros de titularidad privada
para ser financiados con fondos públicos. Se pretendía de esta
forma garantizar el acceso a esa enseñanza básica y gratuita en un
periodo además de explosión demográfica, tan alejado del actual, a
todos los alumnos, incluso en aquellos lugares donde aún no se
habían podido construir ni dotar centros educativos públicos. Los
“conciertos”, por lo tanto, eran la financiación pública que
recibían aulas de centros privados para cubrir las carencias de las
plazas en centros públicos que debe garantizar el Estado. No se
trataba, por lo tanto, de establecer dos sistemas educativos
diferentes, concertado y público, sino que el concertado era
subsidiario del público y solo en tanto no hubiera plazas públicas
suficientes.
Pero
lo cierto es que, a día de hoy y tras la sucesivas reformas legales
al albur de cada gobierno de turno, nos encontramos ante una doble
red educativa con financiación vía impuestos, la pública y la
concertada, que, además, compiten entre sí a la hora de captar
alumnos en esta época marcada por una depresión demográfica sin
precedentes. Además, y salvo algunas raras excepciones, los centros
educativos concertados en Castilla y León son todos de carácter
religioso, con un sistema de acceso a la función docente ajeno a la
objetividad de las
ofertas de empleo público y con unas sospechosas “aportaciones
voluntarias” dinerarias de las familias que los eligen para educar
a sus hijos que choca frontalmente con el requisito constitucional de
que la educación sea gratuita.
Para
más inri, vivimos en una Comunidad Autónoma donde los sucesivos
gobiernos conservadores permiten la aplicación del régimen de
conciertos a ciclos educativos no obligatorios, como el Bachillerato,
y la extensión de ese sistema rozando los límites de la legalidad,
como hemos sabido estos días que ha ocurrido en Arévalo.
Arévalo,
el penúltimo atropello a la educación pública y a la cordura
democrática. Porque aquí la Junta de Castilla y León se ha saltado
todos los límites. La Junta, como todos los años, presentó su
propia propuesta para el reparto del alumnado de 3 años de Arévalo
para el próximo curso. Cuando una institución hace una propuesta lo
mínimo esperable es que la respete o la negocie. En este caso se ha
saltado al órgano negociador que es la Comisión de Escolarización
y ha tomado la decisión de romper su planteamiento para beneficiar a
una parte.
Para
entenderlo bien hay que tener más datos, veamos:
-81 alumnos que han solicitado
plaza. El reparto previsto era 2 clases en el CEIP La Moraña, 2 en
el CEIP Los Arevacos y 1 en el CC Amor de Dios.
-Distribuyendo los alumnos que no
tenían plaza en el CC Amor de Dios entre los otros dos centros
quedarían: 2 clases en el CEIP La Moraña, 1 en el CEIP Los Arevacos
y 1 en el CC Amor de Dios.
-La Junta de Castilla y León,
unilateralmente, ha decidido:
2 clases en el CEIP La Moraña, 1 en el CEIP Los Arevacos y 2 en el
CC Amor de Dios.
Esto
nos lleva a varias conclusiones:
-La palabra de la Junta no tiene
ningún valor ya que rompe su propia propuesta sin dar ni explicación
pública ni en la Comisión de escolarización, que es dónde se
debería decidir el reparto de ese alumnado.
-Tras años de recortes a la
educación por parte de la Administración se demuestra que el
problema no es el dinero, sino en qué se quiere usar ya que no hay
dinero para equipamiento, disminución de ratios, etc. pero sí lo
hay para abrir un aula innecesaria en un colegio concertado.
-La educación concertada ha
pasado de tener un carácter subsidiario en el que se ofrecía donde
no podía llegar la educación pública, para pasar a ser prioritaria
cerrando aulas públicas para abrir otras concertadas e, incluso,
abrir concertadas que sobran. Un camino totalmente opuesto al que
siguen los países con mejores resultados en educación. En este
sentido cabe recordar los últimos resultados de la EBAU dónde un
estudiante del IES Alonso de Madrigal ha obtenido la mejor nota de la
provincia con un 9,76.
Y
a unas preguntas inevitables:
-¿Es la mejor forma de gestionar
el dinero público abrir aulas que no se necesitan?
-¿Quién se beneficia con estas
arbitrariedades? ¿Quién es responsable de ellas?
-¿Dónde queda la educación
pública, laica y gratuita?
-¿Somos todos iguales?
Por
eso, desde la Plataforma por la Educación Pública de Ávila,
queremos expresar nuestra total oposición a esta política de la
Junta de Castilla y León de postergar el derecho fundamental a la
Educación pública, gratuita y laica, como supuestamente es nuestro
Estado, en favor de un sistema de conciertos, que ha pasado de ser
una solución subsidiaria a la carencia de plazas públicas en
momentos de expansión demográfica a una forma de financiar un
retorno encubierto a una mera instrucción estandarizada, en la que
se fomenta la formación de individuos productivos, olvidando la
educación integral de nuestros niños/as y jóvenes, hecho que
contrasta enormemente con los sucesivos recortes que en los últimos
años se vienen aplicando a la financiación de los centros
educativos públicos, que ven como amenaza real el cierre de aulas en
sus centros mientras la administración regional se las ingenia para
incrementarlas en los concertados.
