Hace ya
más de un año que se creó en el Congreso de los Diputados la
Subcomisión de Educación para un Pacto Educativo con el objetivo de
paliar una nítida exigencia de la comunidad educativa: La derogación
de la LOMCE, una Ley aprobada por el PP en contra del resto de grupos
parlamentarios.
La
Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha reclamado desde el
inicio que la comunidad educativa participara como un agente más en
la negociación. Pero el ostracismo de la Subcomisión, que no da
información pública de las negociaciones, y la poca voluntad de
algunos grupos parlamentarios, lo han impedido.
Desde
esta Plataforma, siempre hemos entendido que la Subcomisión para el
Pacto Educativo era una cortina de humo para evitar que la comunidad
educativa hablara sobre las necesidades reales de la escuela pública
y exigiera a los diferentes grupos parlamentarios propuestas
contundentes para defenderla.
En este
contexto, desde la Plataforma hemos clamado por la necesidad de un
pacto social previo, necesario para dotar de calidad y permanencia un
pacto político posterior. Asimismo, hemos puesto sobre la mesa de
los diferentes grupos parlamentarios (de momento nos hemos reunido
con PSOE y Unidos Podemos) las exigencias de la comunidad educativa
en torno a la financiación, la gratuidad, la laicidad, la
democratización, la participación y otros aspectos recogidos en el
documento “La educación que queremos”.
El
reciente abandono de esta Subcomisión por parte de PSOE y Unidos
Podemos y otros grupos parlamentarios nos devuelve a la casilla de
salida. Es decir, a un escenario en el que las contrarreformas del PP
y la LOMCE siguen vigentes, como también lo están los recortes
sufridos por la escuela pública, que no han sido revertidos.
Por otro
lado, la cuestión de constitucionalidad presentada por el PSOE ya ha
sido interpretada por el Tribunal Constitucional, avalando aspectos
tan dañinos para nuestro alumnado como los itinerarios excluyentes
de la ESO, la segregación por sexo de algunas escuelas concertadas,
la asignatura de religión católica, etc.
Mientras,
la escuela pública sigue deteriorándose. Los y las estudiantes
seguirán sufriendo las consecuencias de los itinerarios selectivos,
las aulas masificadas, las evaluaciones externas, los centros
educativos deteriorados, las faltas de respuesta de atención a la
diversidad, el profesorado que cambia de centro cada año, etc. Las
familias seguirán sin recibir ayudas y aumentado sus gastos para
compensar los déficits de atención en las escuelas, y el
profesorado seguirá enfrentándose a las dificultades de dar clase
en aulas con demasiado alumnado, con un número de horas lectivas
excesivo, con disminuciones de sueldo cuando requieren de una baja
por enfermedad, situaciones de interinidad que se alargan
indefinidamente a lo largo de los años, etc.
Y, como
colofón a las políticas de recorte, nos encontramos con un borrador
de Presupuestos del Estado que vuelve a reducir la inversión pública
en educación, que avanza en la senda comprometida por el Gobierno
del PP de reducir el gasto educativo al 3,7 % del PIB, una inversión
similar a la registrada en el año 1992.
En
Castilla y León seguimos con unos presupuestos recortados, faltando
al menos en 200 millones de euros para llegar a las cifras del 2011
lo que supone la imposibilidad de mejorar las inversiones en la
escuela pública. La Educación Pública sigue sin ser una prioridad
para la Junta de Castilla y León que favorece el incremento
presupuestario para los conciertos educativos como se ha demostrado
en los últimos presupuestos aprobados.
Por
ello, las exigencias de la comunidad educativa tienen que seguir
girando sobre la reversión
de los recortes, el aumento del presupuesto educativo y la derogación
de la LOMCE
como sustento de base, e incorporar las demandas que las familias, de
los y las estudiantes y del profesorado. Ya no es el tiempo de
espera.
Por todo
ello, desde
la Plataforma Estatal por la Escuela Pública llamamos a la
movilización el 8 de mayo como medida de lucha frente al inmovilismo
del PP que sigue desatendiendo la Educación y considerando que no es
una prioridad para su Gobierno.
Exigimos:
-
Mayor financiación de la Educación
-
Nueva Ley educativa consensuada con la Comunidad educativa
-
Reversión de los recortes: Bajada de ratios en las aulas, recuperación de programas de atención a la diversidad, reducción de horas lectivas para el profesorado y aumento del profesorado en los centros, supresión de los descuentos por enfermedad, etc,
-
Más becas y ayudas al alumnado
Ya no
hay excusas ¡¡AHORA EDUCACIÓN PÚBLICA!!
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