La huelga convocada tendrá lugar durante la jornada del día nueve de mayo de 2013, comenzando a las 0 horas y terminando a las 24 horas del citado día nueve.
MOTIVOS DE LA HUELGA:
- Se pretende realizar una Ley segregadora que establece itinerarios excluyentes, que selecciona y clasifica al alumnado, incluso antes de finalizar la enseñanza obligatoria. Ello con consecuencias inmediatas para los Trabajadores de la Enseñanza, tanto del ámbito público como privado concertado.
- Evaluaciones externas y tempranas que podrán llevar a la separación/segregación del alumnado sin que se tenga en cuenta la situación socioeconómica de origen o cualquier otra circunstancia personal.
- Se abre la puerta a la especialización y clasificación de los centros que llevará necesariamente a la selección del alumnado en función de sus niveles académicos.
- Fortalecimiento de las direcciones de los centros incidiendo en la selección del personal docente e, incluso, en la selección de los alumnos. Ello con las consecuencias de afectación al derecho de movilidad del profesorado.
- Reducción de la optatividad y en consecuencia de las materias de modalidad en Bachillerato lo que llevará a un recorte en el profesorado de cerca de 5.000.
- Igualmente obligará, en el mejor de los casos, a una reubicación del profesorado que afecta a sus condiciones laborales.
- Inestabilidad de las plantillas de los centros que incidirá en la calidad educativa.
- Formación profesional básica que llevará necesariamente a una segregación temprana del alumnado para llevarle al mundo laboral con una mínima formación y excluyéndoles de la formación reglada y de las vías de integración, que afectará principalmente a los alumnos con mayores dificultades socioeconómicas. Ello, lleva a la creación de "centros gueto", con grave incidencia en las condiciones laborales de los Trabajadores.
- Recortes generalizados en todas las Administraciones educativas que supone un recorte en los programas, aumento de ratios y horarios, desaparición de profesores de apoyo y especialmente un recorte en las plantillas, con grave incidencia para los Trabajadores de la Enseñanza en los centros sostenidos con fondos públicos.
- Recortes significativos en el derecho de participación de la comunidad educativa en los centros, reduciendo competencias de los consejos escolares e incidiendo negativamente en la toma de decisiones tanto por el personal docente como de los demás miembros de la comunidad escolar.
- Todas estas medidas indicen negativamente en las condiciones laborales de los Trabajadores de la Enseñanza, sin que las Administraciones educativas hayan establecido los cauces necesarios y legalmente establecidos para su negociación de sus condiciones de trabajo, limitando su actuación, en muchos casos a tomar nota de los que las Organizaciones convocantes opinan.
- Se ha realizado sin la participación de la comunidad educativa y particularmente de los representantes legales de los Trabajadores de la Enseñanza.
- La vulneración sistemática de los acuerdos laborales que garantizaban unas condiciones de trabajo dignas para los profesionales. Esta administración se ha caracterizado por el menosprecio absoluto a la negociación colectiva y un incumplimiento sistemático de las condiciones de trabajo pactadas. El máximo exponente lo tenemos en la reforma laboral, que supone la pérdida de vigencia de los convenios colectivos actuales (ultraactividad) el próximo 7 de Julio con la consecuente pérdida de derechos pactados en los últimos 20 años. Los/las profesionales han sufrido recortes salariales que han rebajado su poder adquisitivo en más del 25%, han perdido la mayoría de los beneficios sociales que tenían, deben hacer mucho más trabajo con muchos menos recursos, con un incremento sostenido de la carga de trabajo que tiene obvias consecuencias directas sobre la calidad de la educación.
- El empeoramiento generalizado de las condiciones en que se debe trabajar en los centros. El aumento de la jornada de trabajo de todos los profesionales de la educación, de la jornada lectiva del profesorado y el incremento de la dedicación docente del PDI junto con el establecimiento de un número excesivo de alumnos por aula compromete seriamente el tiempo y la calidad de la atención que se pueda dedicar a cada alumno/a y, por tanto, un tratamiento adecuado de la diversidad o de atención individualizada, reduciendo las posibilidades de éxito escolar. Además, en caso de ausencia del profesorado, los centros no pueden garantizar una atención adecuada porque ya no disponen del personal necesario para sustituirlos antes de 15 días. Esto supone la pérdida de miles de puestos de trabajo en todo el país.
CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS
Los recortes educativos responden a una estrategia de precisión para debilitar y degradar la calidad de la enseñanza y poder justificar así unas contrarreformas que no responden en absoluto a un diagnóstico real de la situación y, por tanto, no suponen ninguna solución a los problemas reales de la educación. Los ejes de esta política de degradación son:
- La eliminación de puestos de trabajo que eran necesarios; no solo en un contexto de incremento sostenido del número de alumnos/as en el sistema, sino en la aplicación de planes, como el de Bolonia, que requieren la incorporación de docentes en condiciones de calidad. Es literalmente imposible mantener un estándar de calidad en la atención educativa si muchos menos profesores deben atender muchos más alumnos. Resulta inadmisible que la administración haga creer a la ciudadanía que puede combatir el fracaso escolar en este contexto.
- La reducción de medidas y servicios de apoyo fundamentales: se han reducido los recursos destinados a becas en todos los niveles (comedor, libros y material escolar), se ha perdido personal de servicios educativos (auxiliares, cuidadores, ...), han desaparecido aulas de apoyo... La consecuencia directa es que muchos alumnos han dejado de recibir las ayudas educativas y económicas que necesitan para acceder a la educación en igualdad de condiciones, premisa indispensable para posibilitar la cohesión social. Esto hará inviable una educación verdaderamente inclusiva en nuestro país y genera una pérdida de empleo de especialista y profesionales de apoyo de enorme valía. Se han retirado, por ejemplo, las subvenciones a las AMPAs, que permitían mantener actividades extraescolares de calidad a precios asequibles.
- El encarecimiento y la limitación en el acceso a las enseñanzas fundamentales para la sociedad y que deben ser suficientes y gratuitas. No sólo se ha reducido brutalmente el presupuesto destinado a la educación infantil pública y se ha consolidado una política salvaje de externalización, también se han incrementado desorbitadamente las tasas universitarias, se ha reducido el número de becas y se ha puesto precio al acceso a la formación profesional cuando las tasas de paro de la juventud alcanzan ya el 57%. Se recorta el mapa de titulaciones universitario en función de criterios economicistas.
- La reducción y paralización, drástica, de la construcción de nuevas infraestructuras en todos los niveles (centros para I+D, nuevos centros docentes, entre otras muchas...).
- La reducción drástica del presupuesto de los centros para atender a las necesidades ordinarias de funcionamiento y mantenimiento.
- El recorte de derechos sociales cuya última expresión es la reforma unilateral y vía Real Decreto-Ley de la jubilación anticipada y parcial que afectará muy negativamente al personal que pertenece al Régimen General de la Seguridad Social. Los nuevos requisitos establecidos para el acceso a la jubilación anticipada voluntaria, anticipada involuntaria y para la jubilación parcial suponen un endurecimiento injusto, innecesario y excesivo para el acceso a la jubilación.
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